Era de esperar esta posición por parte de Ruiz Mateos, el cual ha ofrecido a los titulares de los pagarés emitidos por Nueva Rumasa, la posibilidad de cobrar con la retasación que Ruiz Mateos reclama vía judicial por la expropiación de la antigua Rumasa en 1983. El empresario hace uso de la sentencia que hace unos años le dio la razón ante el tribunal, y a través de la cual, el estado debería pagar por el valor de las empresas que le fueron expropiadas, según tasación, 18,000 millones de euros.
Nueva Rumasa afirma que los inversores cobrarán y otorga el derecho a estos inversores para que puedan cobrar en el momento que el estado pague «lo que le debe».
Por parte de los abogados contratados por los inversores, no terminan de ver muy claro el acuerdo al que se pretende llegar, ya que en caso de hacerse efectivo el pago de la deuda, los primeros en cobrar y hacer uso del dinero serían la seguridad social, los trabajadores, proveedores, y por último, los inversores.
No obstante, están planteándose llegar a este acuerdo debido a que Carcesa (sociedad emisora de los famosos pagarés), actualmente se encuentra en situación concursal por problemas de liquidez.
La estrategia de Ruiz Mateos, con esta proposición es muy clara, y es que de esta forma, serían los propios abogados de los inversores los que lucharían judicialmente para que el estado pague lo antes posible la «deuda» que tiene con Nueva Rumasa.
